Definición y criterios

La compra responsable tiene como objetivo integrar los aspectos sociales, ambientales y éticos en las decisiones de compra. Al practicar este tipo de compra, los consumidores aportan un valor añadido a su consumo gastando su presupuesto de un modo que proporciona los productos o servicios requeridos al tiempo que contribuye a la protección del medio ambiente como así también al fomento del empleo digno, entre otras cuestiones.

La compra responsable se apoya en los siguientes campos:

  • La compra verde pretende reducir el consumo revisando la necesidad de algunas compras; utilizar productos con un consumo energético y de recursos más bajo, que causen una contaminación menor o nula; y minimizar el impacto ambiental del producto o servicio consumido.
  • La compra ética tiene en cuenta y respeta las condiciones laborales, los salarios mínimos y los derechos de los trabajadores.
  • La compra social potencia las empresas de economía social, como por ejemplo las cooperativas, y el consumo local. Además, y al igual que la compra ética, incorpora los principios de mantenimiento de las condiciones laborales que permiten la igualdad de oportunidades y el fomento del empleo de calidad.

Por lo tanto, la toma de decisiones de compra, considerando no solamente la relación calidad-precio sino también con criterios de compra responsable, favorece y fomenta:

  • El desarrollo local porque disminuye el número de intermediarios y contribuye a aumentar los beneficios de la zona, mejorando sus condiciones económicas y sociales.
  • La política de precios justos porque comercializa productos procedentes del comercio justo que derivan en beneficios adicionales que contribuyen a la mejora de las condiciones económicas y sociales de las comunidades.
  • La protección del medio ambiente porque promueve aquellos productos y compañías que han aplicado acciones de lucha contra el cambio climático, de prevención de residuos y reducción en el uso de materias primas o el uso de fuentes energéticas renovables.
  • La defensa de los derechos humanos porque elige compañías que han adoptado un código de conducta institucional en el que declaran voluntariamente una serie de principios que se comprometen unilateralmente a seguir.
  • La mejora de las condiciones laborales porque elige compañías que cumplen y fomentan la aplicación de las directrices de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y de la Declaración de los Derechos Humanos a su cadena de proveedores.