Cooperativismo, 29/09/2006  El Congreso ha aprobado la Ley sobre implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas y cooperativas europeas, que traspone al ordenamiento español la directiva europea en esta materia, y da a los empleados de estas empresas un protagonismo y participación en ellas.
El pleno del Congreso, que aprobó el texto con 309 votos a favor, ninguno en contra y una abstención, aceptó la introducción hecha en el Senado de una disposición final que modifica la ley de prevención de riesgos laborales. Según el diputado del grupo socialista, Carmelo López Villena, la disposición reforma también los aspectos que afectan a las relaciones laborales reguladas en el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, así como las de carácter administrativo o estatutario del personal servicios de las administraciones públicas. López Villena explicó que la ley tiene como objetivo limitar qué cualidades son las que se tienen que configurar en las sociedades anónimas de la Unión Europea. Por otra parte, el diputado popular, José Eugenio Azpiroz, destacó la enmienda incluida por su partido por la que se incluye en el proyecto la participación del personal no civil, y que adecua la ley al mandato europeo a este respecto. Izquierda Unida, Esquerra Republicana, Convergencia i Unió y Coalición Canaria también mostraron su apoyo a la enmienda y, por tanto, al proyecto de ley. La ley supone un nuevo modelo de participación de los trabajadores en las empresas e incorpora al derecho español una Directiva de la Unión Europea aprobada en 2001. Al mismo tiempo, se cumple el compromiso del Gobierno en la Declaración para el Diálogo Social 2004, firmada por el presidente del Gobierno y los máximos dirigentes de CEOE, CEPYME, UGT y CCOO, de analizar con los interlocutores sociales la transposición de la Directiva. La nueva regulación persigue avanzar hacia un modelo de implicación de los trabajadores más moderno y acorde con los retos que plantea una economía globalizada en la que actuarán las Sociedades Europeas, y supone un compromiso de los trabajadores y de sus representantes en la competitividad de la empresa, su crecimiento económico, y en la creación y calidad del empleo. | 
